Estado en ciernes

Cada cuatro años, el primero de enero, llegan los nuevos gobiernos locales y regionales. A diferencia de la inauguración de los gobiernos nacionales, que suelen ser en agosto, en Colombia las administraciones locales inician un 1 de enero y terminan un 31 de diciembre, cuatro año después. En principio, esto pareciera que no tiene ninguna trascendencia. Y no debería tenerla, porque en la práctica es sólo un cambio de administradores públicos, no debería por qué detener o afectar los servicios públicos. Sin embargo, poco a poco asistimos a una realidad que amerita un análisis: con los cambios de gobierno, se afectan los servicios y trámites que prestan las administraciones y se pasan uno, dos y hasta tres meses con un Estado en lo local funcionando a media marcha. 

Para comprender esta situación, conviene tener presente que el Estado ha definido un principio legal que regula el gasto público: el principio de la anualidad. Todo gasto y proyecto, en general, debe desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año. Salvo casos excepcionales, todo en el Estado empieza el primer día del año y termina en el último día. Un contrato no puede durar más allá del 31 de diciembre, a menos que se trate de la construcción de una obra de infraestructura que dure años -como un metro, aunque en Colombia no construimos metros, la verdad- y que requiere que se pase de un año al otro sin las complejidades de la anualidad. Esto, en teoría, aporta orden y exige que los administradores públicos planeen y organicen muy bien su plan anual de adquisiciones y sus planes operativos de inversiones. 

Con la llegada de los nuevos alcaldes y gobernadores el pasado 1 de enero, ha quedado en evidencia cómo en algunos municipios y grandes capitales la administración va a media marcha. Un caso particular es Cali, donde apenas en la segunda semana de febrero arrancaron servicios como los de las bibliotecas públicas, o donde trámites como multas o servicios como la semaforización tienen serios problemas para funcionar. Por cuenta del cambio de administración, empezó a operar tarde el Programa de Alimentación Escolar y de las seis oficinas de atención al turista, solo una está operativa. Gran parte de los servicios, trámites y gastos que son competencia de la Administración local se encuentran a media marcha o no han sido contratados. El caso más risible es que un contratista hoy no puede ir a averiguar por el estado de su pago en la ventanilla de atención para tal fin porque la persona encargada no ha sido contratada. En una ciudad con las complejidades de Cali, no parece muy lógico que la Administración Pública esté paralizada por falta de personal para sacar adelante los procesos. Esta situación se agrava cuando el cambio de mando se hace entre dos figuras antagónicas, porque el alcalde entrante llega con la intención de reemplazar a toda la planta de personal y así borrar la huella de su antecesor. 

El Estado en lo local es particularmente importante, por las competencias que tiene en la provisión de bienes públicos, servicios y trámites que son sensibles y cotidianos para el ciudadano. Por la naturaleza de sus competencias y de la importancia que tiene en el ordenamiento del territorio, en la protección de la convivencia y en la generación de entornos apropiados para la educación o la recreación, no resulta en lo absoluto lógico que nos encontremos cada principio de año y de administración con un Estado en suspenso, funcionando a media máquina y sin capacidad de reacción. Por ejemplo, a pesar que en Cali tenemos ya conocimiento que enero es un mes particularmente violento y de un gran número de homicidios, por la parálisis oficial no hubo una oferta institucional capaz de desarrollar programas y estrategias de prevención de la violencia.

Esta situación, finalmente, termina imputándole unos costos elevados a los ciudadanos. Por ello, quizás convenga replantear el calendario electoral a fin de que el efecto de la anualidad no se cruce con la transición en el gobierno. En la actualidad, el alcalde saliente presenta al Concejo el presupuesto del año siguiente, pero el nuevo alcalde deberá llegar a proponer su plan de desarrollo para luego armonizar el presupuesto aprobado por su antecesor; esto no es otra cosa que ajustar lo que está presupuestado a sus programas, planes y proyectos. Sumado a que por anualidad toda la contratación pública termina el 31 de diciembre, el nuevo alcalde llega el 1 de enero con todos los servicios de la administración pública funcionando a niveles mínimos; así las cosas, su primera labor es contratar personal para poder luego ejecutar el gasto en los proyectos de inversión social. Y si los nuevos administradores públicos deciden prescindir del personal que venía de la administración anterior, la parálisis con seguridad será mayor. Es decir, al menos los primeros seis meses de gobierno los pasará un alcalde contratando personal, eligiendo quién sigue, quién se va y quién llega; luego contratará los primeros proyectos y tendrá que presentar su plan de desarrollo.

¿Cómo reducir los efectos negativos de la transición de mando? Una buena idea es ajustar el calendario electoral para que los alcaldes y gobernadores no inicien periodo el 1 de enero sino en algún mes como julio y agosto, lo que permitiría que la ejecución y la contratación pública mantenga su funcionamiento hasta el final de la anualidad y así evitar que se suspendan o entorpezcan trámites y servicios de la Administración local. Eso además permitiría que el nuevo administrador público presente su plan de desarrollo y concentre sus esfuerzos en sacar adelante el presupuesto del siguiente año. Ya no ocurriría lo inexplicable que pasa hoy, donde el presupuesto del siguiente año lo presenta el alcalde saliente, pero luego el alcalde entrante presenta su plan de desarrollo que se financia con ese presupuesto. Más bien, el gobierno nuevo concentraría sus esfuerzos en impulsar los presupuestos y la hoja de ruta de su gestión  y definir antes del 31 de diciembre la planta de personal que le acompañará a partir del 1 de enero. Antes de esa fecha podría dejar toda la documentación para contratar lista y con ello la anualidad empezaría sin mayores interrupciones en las operaciones de la Administración.

¿Qué más se puede hacer? Esta situación generada por los cambios de administraciones nos debería plantear la necesidad de repensar esa visión de un Estado de contratistas y avanzar hacia la consolidación de un servicio civil idóneo y pertinente que mantenga el funcionamiento de la administración pública y de los servicios a los ciudadanos por encima de los ciclos políticos y electorales. Este tipo de propuestas deben revisarse desde lo jurídico y desde lo fiscal, pero lo cierto es que cada cuatro años no podemos darnos el lujo de tener un Estado en ciernes.