Andrés Felipe Galindo

BOGOTÁ- Tuve la posibilidad de recorrer luego de algún tiempo sin hacerlo la autovía que une a Bogotá con Girardot, en el centro del país, y que por consiguiente es la vía de salida hacia el sur-occidente colombiano y el resto de América del Sur. Una de las primeras reflexiones que hice al ver a la zig-zagueante vía en obra estancada, con tramos sin ejecutar y otros sin ponerse en servicio y ya abandonados, es que lejos de hablar de una carreterita regional estamos frente a la vía más importante de un país de 45 millones de personas y, por qué no, una autopista de importancia continental. El sólo hecho que sea el corredor de salida y acceso de la ciudad más grande de la región implica necesariamente un análisis más fuerte. Cuando uno piensa que hace seis meses esa vía debía estar en servicio en sus dos calzadas y apenas hoy tiene 51 km. de los 174 km. planteados para unir al Valle del Magdalena con la capital colombiana, no puede menos que sentirse algo de ira, decepción y tristeza. L

El deseo de algunos de ver la ruptura entre el presidente Santos y Uribe, versión que circuló ampliamente por la prensa nacional en días pasados, me recuerda un poco el deseo y obsesión de los ultra conservadores norteamericanos del Tea Party de exacerbar los ánimos hasta el punto de la polarización con matices de violencia. Al margen de cualquier consideración, es mezquino convertir la crítica política -esencial en la democracia- en una herramienta de confrontación popular que agite los ánimos. Y es mezquino en Colombia por una razón: continuidad no quiere decir conservación fidedigna de todo cuanto hizo un antecesor. Si Santos conserva los éxitos de Uribe, no está obligado a conservar sus errores, ¿acaso alguien lo haría? Pero veamos un poco de historia. En 2001, cierto, mientras las FARC presionaban una negociación a su favor con el Gobierno colombiano al asegurar que los patrullajes militares alrededor de la extinta zona de Distensión era un obstáculo para la paz, que jamás llegó,

A ambos lados del Atlántico el asunto del salario mínimo ha cobrado singular importancia. Tanto en América como en Europa, el asunto de la creación de empleo es prioridad y ha dividido muy notablemente el escenario político. Por un lado los ortodoxos, más conservadores, sugieren lo que todo texto de clase de economía postula: el salario mínimo por encima del salario natural reduce indefectiblemente el empleo. Es decir, el salario mínimo lejos de ser una estrategia redistributiva sensata tiene un efecto contrario y contrae las posibilidades de empleo de los trabajadores. Bajo esta tesis, mal que bien, ha operado el diseño de políticas públicas de empleo en buena parte de Occidente. Por otro lado hallamos una tesis más heterodoxa, no sé si progresista -me genera escozor el término-, que sugieren que un salario mínimo evita arbitrariedades en el mercado laboral al situar el nivel de las menores retribuciones de ciertos individuos a niveles socialmente aceptables. Hace casi dos siglos

Algo que difícilmente puede ignorarse es la profunda relación que guardan la estabilidad política y el desempeño económico favorable de las naciones. La estabilidad política, provista por instituciones políticas sólidas, permite que los beneficios del crecimiento y la actividad económicas lleguen a todos los sectores sociales, para lo cual se requiere como principio fundamental que la sociedad se adhiera a los principios del Estado de Derecho, so pena que las asignaciones presenten perturbaciones. Un caso llamativo aunque desconocido es el de Bélgica. Un país rico, desarrollado, corazón de la próspera aunque emproblemada Unión Europea y que completa 200 días sin un gobierno elegido y con divisiones políticas de orígenes étnicos más parecidas a mezquindades propias de los políticos que a la puja entre partidos para imponer un proyecto de gobierno nacional. Mientras los francófonos belgas utilizan su capital para mantener unido al incipiente reino, los flamencos, de habla neerlandesa, se

Concluyó 2010 en medio de una fuerte expectativa por el incremento del salario mínimo legal en Colombia que, asimilado como un precio muy importante en el mercado, supone un parámetro interesante para el funcionamiento de la economía. Como se vio, el salario tuvo un incremento del 3,4%, ciertamente una tasa de incremento bajísima y que será aún más baja cuando en este mes de enero que inicia se sepa cuál fue la inflación causada durante 2010. Si las expectativas incubadas por productores y consumidores se cumplen, el incremento real del salario mínimo será aún más bajo que el 2%. Además, el salario mínimo sirve de parámetro para definir otros precios, como las multas de tránsito, cuotas de compensación militar, servicios médicos entre otros valores de uso cotidiano. Esto aunado a que antes de finalizar 2010 ya los colombianos sabíamos que otros bienes, como los combustibles, subirían sus precios. Ante ese panorama podríamos gritar junto a las centrales obreras que el Gobierno se apartó