Andrés Felipe Galindo

La ignorancia ha sido históricamente un negocio rentable -quizás si yo fuese ya un empresario no tendría dudas de eso y posiblemente aprovecharía esos vacíos intelectuales de los consumidores-, no obstante hace un buen rato no veía tal provecho comercial de un fenómeno mediático que ya trasciende culturas, nacionalidades y que peligrosamente están empleando fanáticos religiosos y científicos sintéticos para ganar espacios en la coyuntura. Desde que recordaron que el calendario Maya termina el 21 de diciembre de 2012, por una razón que la ciencia no puede pretender entender dada la intempestiva desaparición de esa cultura -equivale a que el hombre moderno nunca sabrá por qué la Biblia termina en Apocalípsis y no en un Evangelio-, la explotación de la idea que sugiere que esa fecha es el fin de los tiempos cayó como la oportunidad que cada cierto periodo se presenta de generar unas utilidades que sólo se pueden sacar del pánico casi mórbido del público. ¿Recuerdan los últimos años del s

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de la seguridad, especialmente en un país emergente como Colombia. Es cierto que es preferible un país seguro a uno inseguro, que la seguridad se sintoniza casi que de forma directa con la estabilidad institucional y que esta generalmente es el rasgo característico de las naciones más avanzadas. Era de esperarse que un país cuyo desempeño en todos los campos ha estado impactado por la ilegalidad y la violencia derivada del conflicto político y luego del flagelo del narcotráfico asumiera a la seguridad como un tema prioritario. No obstante parece que luego del bombazo en el puerto de Buenaventura y los constantes asedios en el norte del Cauca, la incidencia de los asuntos de seguridad y defensa nacional del debate político no pierde vigencia, como algunos muy convenientemente lo esperaban para privilegiar a lo social. Evidentemente ese sigma planteado entre la seguridad y la convivencia y los temas relacionados con la política social es más el p

¿Hasta dónde va el interés de los candidatos presidenciales en Colombia para otorgarle al narcotráfico el lugar que realmente tiene como causante de buena parte de las desgracias de la historia reciente?; parece que el muy seguro candidato presidencial para una eventual segunda vuelta, Antanas Mockus, pone de manifiesto que la ilegalidad más dañina e insidiosa es aquella que se engendra en el narcotráfico. Este fenómeno perverso ha logrado que la ilegalidad, definido como un desacato sistemático a la ley, se convierta en un lastre que ha penetrado a todas las esferas de la sociedad colombiana. De allí que ninguna política gubernamental podría deslindarse de un combate efectivo al narcotráfico desde las medidas que se consideren, como puede ser el uso de las armas del Estado o la legalización del tráfico que aniquilaría a los altos precios del producto y haría poco atractivo a este negocio. Colombia ha entendido bastante bien los costos sociales reales del narcotráfico. Por una parte l

En un trabajo del Nobel de Economía Douglass North , hacia 1971, se aborda como característica inherente al fracaso económico la existencia de instituciones ineficientes. Además de haber dado un cambio trascendental en la economía política moderna los aportes de este economista parecen venir muy acordes al caso de Colombia, donde ya miramos la primera jornada electoral de la década con cierto dejo de desconfianza por la discreta labor de escrutinio de la Organización Electoral y la presencia aún en el escenario político de un débil liderazgo nacional, representado por el incongruente carácter regional de las votaciones para el Senado de la República que en la norma se establece como una circunscripción nacional; por otro lado la presencia de herederos de los políticos involucrados con grupos armados ilegales y bochornos clientelistas y populistas parece dejar en el aire un olor a " el delito paga" y lo hace bastante bien en temporada de elecciones. No quiero ser pesimista, r

En épocas electorales, como la que vive Colombia este año, es común oír a gran parte de los candidatos a las diferentes instancias políticas del Estado enfilar sus discursos hacia lo que genéricamente se ha denominado lo social, un término ambiguo y difuso cuyos límites son inciertos. En particular a la terminación del Gobierno de Álvaro Uribe muchos candidatos han logrado vender con cierto éxito que luego de dos periodos en que el gran interés estatal fue recuperar el monopolio de la seguridad, la defensa y la autoridad institucional, cosa que aún dista de consolidarse, es hora de volver a lo social, que no es más que efectuar una política social más fuerte y con mayores logros tangibles para los electores. Ciertamente el discurso social tiene mayor acogida en un país mayoritariamente pobre y que dista de tener las condiciones propias de un estado moderno del primer mundo, que aunque ostente esa posición no está exento de crisis sociales como el asunto de la reforma del sistema de s

Estamos a poco más de tres meses de la primera vuelta de la elección presidencial, aunque la primera apuesta sea en una semana, y las preferencias de los electores apenas se ajustan a la nueva realidad en la que el presidente Álvaro Uribe Vélez no será candidato. Es así como el análisis de los votantes estará orientado a darle un balance a la gestión del Gobierno actual, no obstante del rigor y éxito del resultado final dependa claramente la victoria de quien logre despertar el interés de las mayorías, así no sea en la magnitud en que estas se pronunciaron en 2002 y 2006. Es así como en estos tiempos surgen y surgirán todas las posiciones, algunas radicales y otras moderadas, sobre la pertinencia del modelo de gestión de Uribe . Haré a manera liviana una contribución a estas posiciones. Primero convendrá una retrospectiva interesante para remontarnos a 2002, así el ex presidente Pastrana se esfuerce en hacer del panorama algo contrario a lo que generalmente se percibe; por una parte l

Uno de los problemas de los bienes públicos es su imposibilidad de ser considerados en el cálculo económico de los bienes privados, dado que como son bienes no excluyentes y no rivales es difícil desde un sistema de mercado descentralizado establecer un nivel de consumo colectivo óptimo. Esta condición se establece porque se parte del hecho que si un agente económico consume más o menos de este bien es poco probable que afecte el consumo de ese mismo bien a otro agente económico. Al no existir la rivalidad en el consumo no existe incentivo para que un agente del sector privado quiera producir dichos bienes; para eso el planificador social aparece como mecanismo de centralización que produce, administra y permite el disfrute de los bienes de uso colectivo. Partiendo de la rápida descripción anterior se puede inferir que un bien público o de uso colectivo, en el sentido de Samuelson, puede ser un parque, una calle o una plaza de eventos abierta o cualquier bien que se considere que de