Andrés Felipe Galindo

El nuevo acuerdo, en la década de 1930, constituyó una revolución en la manera en que los estados gobernaban sus economías y estructuraban la distribución del ingreso entre el mecanismo del mercado y la gestión centralizada de las coberturas sociales. La base de las recetas keynesianas conducían a crear un estado de bienestar, que perduró en Europa y se adaptó de forma intermitente en América. El nuevo acuerdo que hoy se propone es uno que reconoce que la pobreza no se combate exitosamente si se prescinde de las vías de intervención indirectas -crecimiento económico- y de las vías de intervención directas -promoción social-. De acuerdo con mediciones mucho más modernas de la pobreza, se considera que una familia está en situación de pobreza cuando tiene privación de al menos 5 de las variables tales como educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos, y con 7 o más privaciones, estará en la pobreza extrema. Señala el economista Angus Deaton, citado por el Al

¿A qué le teme más el criminal? ¿al castigo o a ser capturado?, así como el ratón y el gato, el delincuente le teme a algo. Originalmente, la economía ha abordado con mayor precisión el estudio de la conducta de los criminales en la medida en que se ha definido que su conducta delictiva obedece a unos incentivos. Más aún, el criminal encuentra un muy rentable negocio cuando el beneficio supera el costo de incurrir en el crimen, en gran parte determinado por la cuantía del castigo. Bien sea una multa o un tiempo en prisión, esta última variable capturada por el costo de oportunidad de ser capturado -y dejar de percibir una renta-, el delincuente pondera esta información y ordena su utilidad. La conclusión de la teoría económica tradicional predice que el delincuente obrará siempre que el beneficio del hecho delictivo supere el costo de incurrir en él. No obstante descubrimientos más recientes, como el del Nobel Becker, señalan que el delincuente le teme más a ser capturado que al castig

Hace veinte años en ceremonia solemne se proclamó la séptima constitución política de la República colombiana y se anunció que no seríamos los mismos. Una Constitución extensa, moderna, cargada de muy buenas intenciones, benévola en derechos, estricta con los deberes y base de más y nuevos mecanismos institucionales que se concibieron como herramientas para la inclusión social y la defensa y garantía de los derechos civiles, políticos y económicos. Si la Constitución de 1886 fue un dinosaurio centenario que luego de seis reformas durante el siglo XX exigía cambios que modernizaran a un Estado vetusto, la Constitución de 1991 se erigió como la gran respuesta. Pero el balance veinte años después deja muchas dudas de los efectos reales de la nueva norma de normas. Ni el crecimiento económico ha sido destacable ni la desigualdad se ha revertido, ni la justicia es más efectiva ni los derechos civiles, políticos y, especialmente, económicos han logrado ser garantizados a plenitud por el Esta

En dos días el Perú irá a definir buena parte de su futuro. Y lo hará con una clara división ideológica, marcada por la presencia de un personaje con tendencias muy opuestas a las que han presidido el auge económico del país andino y una candidata que, además de ser la eventual primera mujer en ser elegida presidenta en esta nación, representa un pasado tormentoso para buena parte de los peruanos. Más aún: es la pugna entre dos estilos de hacer política, entre dos modelos políticos y entre dos propuestas de desarrollo. Si alguien tiene idea de lo que encuentra un observador desprevenido en la pintoresca Lima, sabrá que es una ciudad donde la clase media es una novedad de este siglo, puesto que históricamente ha estado marcada por sólo dos grupos sociales: ricos, muy ricos, y pobres, verdaderamente pobres. Si en Bogotá es posible hallar vecindarios de clase media de principios del siglo XX, en Lima esto no pasa. Durante buena parte del siglo XX las clases más ricas se beneficiaron de la