Andrés Felipe Galindo

La reacción de dos expresidentes hacia el proceso de diálogos con las FARC ha sido insólita y, más aún, inédita. Por un lado está la extrema derecha colombiana, alineada con las ideas materializadas en Álvaro Uribe y por el otro están los más liberales que no dudan en respaldar el proceso de negociación con la mayor guerrilla del país. Cabe pensar que la intervención de Pastrana y Uribe obedece más a un incesante deseo de figuración pública con miras a los próximos dos años electorales en Colombia. Es claro que el proceso de negociación siempre implicará imponer y ceder ante una parte con la cual hay alguna confrontación o una necesidad de conciliar posiciones y eso no tiene por qué satisfacer a toda la opinión pública. Muchos quisiéramos ver a los delincuentes de las FARC tras las rejas o abatidos por el fuego del Estado y no en La Habana con cierto manto diplomático. Pero hay que ver cuál es el escenario y por qué, aunque no es esa situación que más desearíamos, el proceso de negoci

En la década de los años 1950, el genial arquitecto suizo conocido como Le Corbusier propuso un ambicioso plan de desarrollo que comprometía una rediseño radical de la configuración urbana de Bogotá, que principalmente buscaba aprovechar al máximo los espacios públicos y definir zonas integradas y funcionales, bastante diferente del típico trazado colonial que en un contexto de acelerado crecimiento de las ciudades no resultaba muy útil. El famoso Plan Director generó toda clase de reproches, generó indignación al tocar el centro histórico y fue descartado rápidamente. En aquel momento, Bogotá tenía poco menos de 500 mil habitantes. Hoy, por iniciativa del Gobierno Nacional, parte de los planteamientos de Charles Jeanneret han sido retomados, pero en momentos en que la capital colombiana supera los 7 millones de habitantes. Quien conozca Bogotá sabrá que el caos urbano de la principal metrópoli colombiana es el costo de no haber tomado decisiones a tiempo. Cali es una ciudad con c

La cacería de rentas es omnipresente, está presente en casi todo el conjunto de la economía colombiana. La cacería de rentas para el observador desprevenido existe exclusivamente en la contratación pública: el afán desmedido de una parte de hacerse con el jugoso contrato y un funcionario del Estado que pone precio a sus decisiones. Pero el fenómeno es más común y costoso de lo que parece. Está presente en todos los niveles de la administración pública y, para mala fortuna nuestra, en casi todos los sectores de la sociedad. Se hace cada vez un lastre para una economía que paga un alto costo por una asignación ineficiente de recursos: simplemente estos recursos están siendo asignados a fines mucho menos valiosos. Al leer hoy el informe especial de extorsión en Colombia   el panorama es aún más sombrío. Aproximadamente dos puntos del PIB colombiano se están yendo por la cloaca de la economía subterránea con unos costos prohibitivos para la sociedad. El discurso de la eficiencia entre

La elección del máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana la semana anterior y las particularidades que lo rodearon encendieron los ánimos. Los creyentes católicos reafirmaron su entusiasmo y su fe al ver erigido a un Papa con las características de Jorge Mario Bergoglio, hoy simplemente Francisco, mientras los creyentes de otras denominaciones veíamos con admiración e interés lo que ocurría en la religión cristiana más grande del mundo. Esto también impulsó obviamente a los ateos y escépticos a formular sus impresiones, ante lo cual lo menos que se podría hacer es escuchar y atender. Más allá de si es el Papa Francisco o el presidente mormón Thomas S. Monson, estoy seguro que en el fondo existe un interés renovado en la humanidad de revisar los asuntos espirituales sobre los cuales nos hemos cimentado. Es claro que el problema, hay que empezar por mencionarlo, no es que los ateos crean o que los creyentes dejen de creer. De hecho es más problemática la creencia que el ateo sea int

Buena parte de la economía venezolana hoy se impulsa por el elevado gasto público y las transferencias monetarias que desde el Gobierno se transfiere a la población más vulnerable. Esta transferencia de recursos impulsa el consumo privado pero se estrella con una realidad indeseable: la producción del país no compensa el desenfrenado gasto gubernamental y los costos de los alimentos son prohibitivos, no por otra cosa diferente a su escasez. Sumado al estricto control de las divisas que desincentiva notablemente las importaciones, el panorama no es el ideal. Colombia no es ajena a la situación, al menos parcialmente no lo es. El acuerdo para levantar la dura protesta de los caficultores tuvo un costo muy alto para las finanzas del país, sumando casi 500 millones de dólares en auxilios a los productores bajo una decisión políticamente correcta pero con un soporte técnico abierto al debate. El éxito de las grandes economías ha sido la incorporación progresiva de valor agregado en sus pro

La opinión pública siempre ha sido verdugo y juez; implacable a la hora de condenar, pero también bastante proclive a ensalzar. En síntesis, la opinión pública rara vez es ecuánime y normalmente se sitúa en los extremos. Y es normal, agregar las preferencias de individuos heterogéneos no es un asunto sencillo. El reciente paro cafetero diría yo que es más una expresión del inconformismo de un importante segmento de la opinión pública, pero no obedece a criterios procedentes de una adecuada provisión de información. Dicho de otro modo, la mayoría está con el paro o hace parte de la protesta porque ha tomado decisiones basado en una información muy limitada. Consideremos esto: una taza de café en un fino   bistrot   parisino vale normalmente de 2 a 3 euros, algo así como 6 mil pesos colombianos. Un café en Bogotá puede valer entre 0.50 centavos de euro y 1 euro, con el agravante que es café importado. El tema de fondo es que poco de ese valor llega a manos de los cultivadores colombian