Empresa Criminal

El 'paro armado' declarado por bandas criminales como retaliación por la muerte de un importante líder de estas organizaciones a manos de la Policía Nacional, que afecta desde el Urabá antioqueño hasta la ciudad de Santa Marta, sugiere con gran elocuencia que el problema de la seguridad en Colombia ha evolucionado y se hace cada día más complejo. Pasamos de ejércitos ilegales campesinos con gran poder en zonas apartadas a pequeñas y violentas facciones armadas orientadas por el poderoso incentivo de las astronómicas ganancias del narcotráfico. Simultáneamente cobran relevancia las trágicas historias de menores de edad e inocentes heridos o muertos por balas perdidas, que son el resultado generalmente de un uso imprudente de las armas por parte de individuos o por el fuego cruzado entre bandas de pillos sueltos en las calles de las ciudades colombianas. 

Es también sabido que, quizás, la mayor preocupación del ciudadano generalmente desprevenido está en la seguridad en la calle. Muchas veces la percepción de inseguridad de los ciudadanos reside en el temor a ser despojado de sus propiedades en las calles o en el transporte público más que en el pillaje propio de las grandes empresas criminales que aún tienen espacio en Colombia. Con la discusión puesta sobre la mesa por Gustavo Petro, nuevo alcalde de Bogotá, de restringir en casi todos los niveles el porte de armas en la capital colombiana, surge la discusión en torno a la conveniencia y efectividad de esta medida. Es posible creer que la medida tendrá un impacto pero muy reducido, apenas cuantificable y perceptible. En Colombia obtener un arma, por ejemplo, es significativamente más difícil que en los Estados Unidos: para obtener un permiso se requiere tener un historial judicial limpio, una recomendación de un oficial del Ejército y un registro de la Industria Militar. 

Con la gran cantidad de muertos que al día llegan a Medicina Legal, se ha concluido que buena parte de estas defunciones fueron causadas por armas de fuego pero el dictamen forense no establece si el arma con que se cometió el delito era o no legal. En atención a la inevitable intuición, los administradores públicos como el nuevo Alcalde Mayor prohíben el porte de armas a personas cuyo permiso ha sido legalmente tramitado, dejando de lado que, muchas veces, el material bélico que más homicidios causa es el ilegal y, no sé si sea necesario advertirlo, quienes cometen delitos generalmente están fuera de la ley. Ante una prohibición de porte de armas de fuego no es plausible pensar que un delincuente cambiará el revolver por una navaja que no tenga prohibición.

Cuando descubrimos que esto sucede, podemos concluir que una propuesta de prohibición o restricción de porte de armas de fuego alimenta una variable principalmente política: durante muchos años, por ejemplo, los caleños creyeron vivir en una ciudad segura, a pesar que en los campos se gestaban ejércitos irregulares como el ELN, las FARC y el M-19 se tomaba el Palacio de Justicia. Curiosamente ante la reducción del poder de estos grupos y su casi desaparición producto de una confrontación con las Fuerzas Armadas, la percepción de inseguridad en las ciudades es mayor. Implementar este tipo de medidas crea cierto tipo de convenciones sociales o "nudges": un ciudadano podrá sentirse más seguro caminando por la Carrera 10 con Calle 19, en pleno centro de Bogotá, o por la Calle 15 con Carrera 8, en pleno centro de Cali, con la tranquilidad relativa que los transeúntes que lo circundan no portan armas. Pero, infortunadamente, los hechos demuestran que de la percepción a la realidad hay un trecho generoso.

Para matar o cometer cualquier delito se requieren tres condiciones: querer cometer el delito, creer que no va a ser sancionado y no encontrar otra solución. Ahí el arma de fuego se comete en un instrumento, pero en ningún momento constituye una determinante. Basta con ver que sólo un delincuente de profesión es capaz de reunir estas tres condiciones: simplemente saben esconder las pruebas, sembrar la duda y confundir. En 1999 se hizo un descubrimiento bien interesante por parte de un académico colombiano: ante la revisión de 84 sumarios por homicidio en Bogotá, se identificó que casi todos los imputados por riñas callejeras o crímenes pasionales terminaron pagando sus penas. Se concluyó además que este tipo de violencia es residual, que se castiga usualmente, y que muchas veces no responde al porte de armas: si comete un homicidio en tu casa, la restricción que impera en la calle poco o nada pudo evitar que se cometiera el crimen. 

Posiblemente se logre detener el pillaje callejero y el uso inadecuado de armas con un cuerpo policial más idóneo, mejor dotado de instrumentos que faciliten y hagan prosperar con mayor rapidez las investigaciones judiciales, una capacidad de respuesta más alta de las unidades policiales y la sensación que todo delincuente involucrado en la comisión de un delito tenga garantizado un castigo. Quizás las falsas creencias que por falta de parques los jóvenes consumen drogas (como si en los parques hoy día no se fumara ni se cometieran toda clase de infracciones), por ejemplo, han desplazado recursos y esfuerzos hacia frentes que no guardan una relación estrecha con el crimen. La violencia y el crimen que hoy enfrenta Colombia es un asunto que compromete a grandes empresas criminales: el delito es una rentable empresa y la violencia uno de sus productos, que encuentran un entorno institucional generoso para su desarrollo. El crimen que es organizado resulta más influyente y poderoso. El crimen requiere desarrollar habilidades, acumular conocimiento e invertir en capital. Una tecnología militar es una inversión que un ladrón callejero probablemente no vea en su vida, pero bandas como 'Los Urabeños' cuentan con una peligrosa maquinaria de guerra. Un delincuente callejero obtendrá una tasa de retorno discreta, quizás representado en un celular, una joya o un par de zapatos. Una banda criminal organizada espera una tasa de retorno compuesta por las ganancias que toda actividad empresarial se espera genere y le adicionamos una prima de riesgo, que varía con el riesgo de ser atrapados y destruidos por la autoridad competente. Incurrir en el delito es una decisión de negocio y se toma cuando se está dispuesto a desarrollarla. 

El gran problema que enfrenta Colombia es su aún incipiente capacidad institucional para frenar el desarrollo de estas empresas criminales. Si observamos la ubicación geográfica de estos grupos, es fácil identificar que se encuentran en zonas con relativa facilidad de salida al mar o en corredores estratégicos, casi siempre definidos como zonas de difícil acceso y escasa vigilancia estatal. Ni Córdoba, ni Sucre, ni el Magdalena ni el Urabá antioqueño son regiones en las que el Estado haga presencia con algo más que soldados y policías. Ante la inexistencia de jueces capaces de hacer algo más que llenar un despacho judicial, ante la desconfianza de la gente en el sistema de justicia y en las dificultades para recaudar pruebas por parte de los investigadores judiciales, la presencia armada del Estado es una medida de choque pero no es una solución de carácter definitivo. Las mafias conservan un poder que ha venido abriéndose espacios institucionales: cooptan el poder público y lo subyugan a sus caprichos. Es seguro que en Turbo o Apartadó a un habitante le preocupa más el aislamiento al que les somete una banda criminal que prohíbe la circulación de buses y camiones que un pillo suelto en sus calles. Un porte de armas prohibido en Antioquia podrá depronto frenar a un ladrón, que eventualmente cambiará el cuchillo por el revolver, pero no cesará la violencia que se deriva del ejercicio criminal de una banda organizada con multimillonarios intereses. "Los Urabeños" no cambiarán los fusiles por navajas: eso se los aseguro. Si el poder del Estado es difuso a la hora de impartir justicia, con toda seguridad las empresas criminales continuarán su crecimiento depredador y desmesurado.