Uribenomics: una historia económica del uribismo

Hay una realidad: amado y odiado, Álvaro Uribe Vélez es el fenómeno político más importante en Colombia, quizás desde Gustavo Rojas Pinilla. Con tantos aciertos en su gestión -como errores y horrores-, es un político que moviliza masas, mueve la opinión y, con casi seis años del gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido capaz de seguir vigente. Sin duda entender sus tesis y poderlas desglosar es un ejercicio intelectual interesante. Ya en el pasado reciente el actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intentó en su libro Uribenomics explicar en términos escuetos el funcionamiento del modelo económico del uribismo, sin embargo seis años después de haber concluido su gobierno y ahora en su papel de opositor este análisis no solo cobra vigencia nuevamente sino que se hace mucho más interesante. Para lograrlo, dividiremos en dos este análisis: en primer lugar, enunciaremos las expectativas y objetivos de la política económica ejecutada por Uribe en sus dos periodos de gobierno. Eso nos dará un adecuado acercamiento al cimiento teórico de las ideas económicas uribistas. En segundo lugar, contrastaremos estas ideas con los hechos y las evidencias más notables de sus resultados económicos. Esto nos permitirá sacar algunas conclusiones interesantes.

Uribe es un político de origen liberal -sí, del Partido Liberal, durante mucho tiempo representante de la socialdemocracia en Colombia- que poco a poco fue migrando hacia el ala conservadora del espectro ideológico. Su programa de fomento de la inversión privada como bandera ilustra bastante bien su absoluta convicción que el desarrollo económico pasa inevitablemente por las empresas y que el gobierno debe ser un generador de condiciones aptas para el crecimiento del capital privado. Para lograr una mayor expansión del PIB, promover la generación de empleos y crear riqueza, se requiere crear una serie de estímulos basados en reducciones de impuestos y en generar confianza, a través de seguridad jurídica y reglas de juego claras. En el estricto sentido del pensamiento económico, se trata de tesis liberales basadas en la libre empresa y en la libertad de mercado. El planteamiento en el detalle sugiere varios fenómenos: reducir el gasto fiscal para que no genere desincentivos a la inversión privada, esto quiere decir que no se presente un efecto crowding out -efecto expulsión-. En el fondo, a lo que aspiran las tesis más afines al conservadurismo fiscal es que el gobierno mantenga una exigente doctrina de disciplina en el gasto público, menos impuestos y menos regulaciones para que la inversión privada crezca más -la tradicional grafiquita de los impuestos y la tasa de interés en el eje de las ordenadas y la inversión en el eje de las abscisas, describiendo una relación inversa-. Esto sin contar que se parte del supuesto que la empresa privada tiende a ser mejor administradora que el sector público, por tanto es conveniente que muchos activos estén bajo control privado.

Pero sin duda que el núcleo del pensamiento económico uribista está en la política fiscal: los impuestos para las empresas deben estar condicionados a un crecimiento de su stock de capital (inversión). Es decir, se espera que con estímulos basados en reducciones y exenciones de pago de impuestos se consiga que las empresas crezcan, generen empleos e impulsen el crecimiento del PIB. Se postula que la reducción de la tasa efectiva de tributación -lo que pagan los empresarios entre impuestos, tasas, sobretasas y otros gravámenes con respecto a sus utilidades- es un objetivo de la política fiscal y una aspiración del uribismo. Lo que se espera es que el crecimiento económico cree puestos de trabajo y esta mezcla de políticas macroeconómicas y laborales se traduzcan en menor pobreza. Y esto se consigue también con la eliminación de las barreras a la inversión extranjera y el comercio internacional. Aquí conviene detenerse un poco: la inversión extranjera permitirá aumentar el stock de capital y transferir tecnologías, generar empleo y hará crecer a la economía. Y solo se consigue si se atrae con incentivos ya mencionados: exenciones tributarias, seguridad jurídica y seguridad física. Es decir, en esencia el programa del uribismo es de corte neoconservador fundamentado por la noción neoclásica de un Estado limitado y respaldado por la ortodoxia económica.

¿Qué dicen los hechos? El uribismo ha señalado que Santos ha perdido el rumbo construido. El asunto es que no se profundiza en la dirección de dicho rumbo ni en sus características. Comencemos por analizar su bandera: la inversión extranjera, llamada la política de la confianza inversionista. Al tomar las cifras de los sectores receptores de los flujos de capitales foráneos, se encuentra que de cada 100 dólares que ingresaron al país, 80 fueron para las actividades extractivas, particularmente el petróleo y otros minerales. El petróleo fue un caso muy interesante: cuando Uribe llegó a la presidencia el precio del barril apenas llegaba a los 25 dólares. En 2009, con el sol a sus espaldas, el precio del barril era seis veces superior fruto de choques de oferta y demanda externos. En ese lapso transcurrido, la inversión tuvo crecimientos inéditos, lo que dejó en evidencia que Colombia aprovechó la bonanza de los países emergentes más importantes -un mercado de más de 2000 millones de personas con rentas en crecimiento- para atraer inversiones que buscaban las fantásticas rentabilidades de la industria petrolera. Y sí que Uribe era consciente de esto: tanto, que unas de sus primeras obras de gobierno fue escindir a Ecopetrol, para que esta empresa se dedicara exclusivamente a la exploración y explotación petrolera mientras una agencia especializada, la ANH, se encargaba de administrar los pozos y conceder licencias para su explotación. En síntesis: el país se preparó para recibir más inversión extranjera, aprovechando los altos precios de las materias primas. Por eso, cuando los precios del petróleo cayeron ante el enfriamiento de la demanda, entonces también cayó la inversión extranjera. Menos rentabilidad por supuesto la des-estimula. Hemos entonces llegado al secreto no tan secreto de la confianza inversionista de Uribe.

Pero sigue más: en materia tributaria, el uribismo es un férreo defensor de menos impuestos y del menor gasto público. Sin embargo, los hechos señalan algunas características muy interesantes: desde 1990 se ha tramitado 12 reformas tributarias en el Congreso de la República. De estas, cuatro -el 33% del total-, fueron presentadas entre 2002 y 2010. En 2002, poco después de promover el impuesto al patrimonio en el marco del Estado de Conmoción Interior decretado el 8 de agosto de ese año, presentó una reforma tributaria al Congreso que consistió en un par de sobretasas a la renta, ampliar la base del IVA, aumentar las tarifas del 10% al 16% y crear nuevas exenciones tributarias. En 2003, un año después, presenta la segunda reforma, donde se deja estable la sobretasa a la renta en 10% y se crea el 30% de exenciones de este impuesto a las inversiones en capital físico, se grava con el 7% a un gran número de artículos exentos, se aumenta el el Gravámen a los Movimientos Financieros a 4x1000 y se crea el impuesto al patrimonio. En 2006 se presenta la tercera reforma, donde se elimina la sobretasa del 10%, se aumentan las exenciones a las empresas al 40%, muchos bienes suben su tarifa del IVA del 10% al 16% y el 4x1000, temporal desde 1999- queda definitivo. En 2009, en plena recesión internacional, reduce del 40% al 30% las exenciones tributarias a las empresas y aumenta el impuesto al patrimonio. En lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno de Uribe fue bastante astuto: gastar hoy, para que se pague después. Entre 2007 y 2010 se aprobaron 21 documentos CONPES, con vigencias futuras equivalentes a 18 billones de pesos por los siguientes ocho años. Vale anotar que desde 2003 y hasta 2010 se aprobaron 33 de estos documentos. El problema de esto es que deja comprometidas seriamente las finanzas de los gobiernos siguientes. Si bien en el papel el hoy senador Uribe es un gran exponente del neoconservadurismo fiscal, en la práctica cumple esa frase célebre entre los economistas que dice que en crisis todos somos keynesianos. Veamos por qué:

Keynes, el célebre economista que diseñó la teoría según la cual la demanda agregada puede reactivarse con un aumento del gasto público a través de su efecto multiplicador, aparece en escena en Colombia cuando estalla la crisis internacional. En un entorno depresivo de la economía global, no quedaba más alternativas que echar mano de los recursos del gobierno para mantener a flote la dinámica productiva: es por ello que el déficit fiscal del gobierno nacional central aumenta 20 veces entre 2008 y 2009 (en 2008 este representaba 0,1% y en 2009 2,8% del PIB). En dinero, al finalizar su segundo gobierno, el hueco fiscal equivalía a 20,71 billones de pesos. En un año se duplicó como resultado de una política fiscal expansiva. A su favor, Uribe tenía unos precios elevados del petróleo, en contraste con Santos, que enfrenta una desaceleración junto a una caída de los precios. Pero la realidad es una: la idea del ahorro y de una bonanza que esperaba ser gastada no es tan cierta. En 2010, el gobierno de Santos no recibió billones guardados en las cuentas. De hecho, tenía cuentas por pagar del gobierno pasado.

Por último, ¿qué pasó con el empleo? Ya vimos que la receta neoconservadora del uribismo no se aplicó al pie de la letra, en gran medida porque las dinámicas de la economía colombiana y del entorno internacional hacían inviable seguir de forma tan rigurosa sus políticas. No obstante, la esencia se mantuvo: las exenciones al capital, la inversión extranjera y las reformas laborales para flexibilizar el mercado del trabajo se esperaba tuvieran un impacto notable en el empleo y que a través de estas herramientas se lograra la reducción de la pobreza. No obstante, el panorama no parece que haya sido el esperado: en 2002 la tasa de desempleo era 14,1%, en 2007 fue 11,1% -la más baja de su gobierno- y en 2010, hasta mayo, era 12%. La pregunta entonces que queda es por qué con unas expansiones de la inversión privada tan notables y un crecimiento económico promedio del 5% no se logró una mayor reducción del desempleo. Las respuestas son variadas, pero en general todo apunta a que las exenciones tributarias a las empresas se concentraron en el capital físico, lo que hizo que el precio relativo del capital humano se hiciera mayor. Para una empresa era mejor tener máquinas que más empleados. Por otro lado, y es una realidad que se puede constatar, es que los sectores de minas, hidrocarburos y canteras no son intensivos en mano de obra y por tanto su aporte al empleo es menor que otros sectores de la economía. Y es cierto que durante el gobierno de Uribe se redujo notablemente la pobreza, pero la sorpresa que uno encuentra es que estas reducciones se aceleraron por las transferencias monetarias directas -Familias en Acción-, que duplicaron el número de beneficiarios entre 2002 y 2009 a casi tres millones de familias pobres del país. 

Así las cosas, parece que las críticas que hoy Uribe hace desde su investidura de opositor en el Senado no se compadecen con los resultados que mostró en su gobierno. No porque estos hayan sido malos, sino porque son muy similares a los que hoy muestra Santos, con un contexto internacional distintos y unos elementos diferenciadores específicos. Lo que sí es cierto es que de la doctrina económica uribista -la uribenomics- a la política económica de Uribe hay una brecha que, todo parece indicar, sus seguidores no reconocen ni su líder tiene intenciones de reconocer. En materia de pobreza y bienestar -fin último del sistema económico-, la reflexión nos debe llevar a varias conclusiones: la primera, es que ante una pobreza que llegó a agrupar al 60% de la población a inicios del nuevo siglo era necesario que se generaran condiciones que en el corto plazo aliviaran las distintas privaciones de las familias. Las transferencias monetarias son una respuesta sensata y tanto Uribe como Santos están mostrando logros interesantes en este frente producto de un gasto público orientado a la población ubicada en los primeros quintiles de ingreso. No entiende uno por qué ahora el uribismo ataca un programa social que ellos en su momento no solo emplearon sino que fortalecieron. La segunda conclusión es que no hubo una previsión que hoy parece lógica: la bonanza petrolera iba a pasar. Y aquí hay que dejar claro que Colombia no vivió una bonanza expresada en una producción inusualmente elevada. La bonanza fue en precios, de allí que quedáramos más expuestos a la volatilidad del mercado de las materias primas. De nuevo, uno no entiende por qué el uribismo es tan severo al calificar el difícil momento económico que atraviesa el país, siendo claramente una crisis del modelo que el mismo uribismo implantó. De hecho, fue Santos con la regla fiscal quien tuvo intención de reaccionar, pero de forma tímida y tardía. Pero esta es la historia económica del uribismo: una historia escrita de una forma en el papel y desarrollada de otra en la realidad.